Niños: Un Estado irresponsable

SURda

Opinión

Uruguay

Hoenir Sarthou

 

Las cosas han ido demasiado lejos.

Poco a poco se afianza la idea de que es posible imponer el uso obligatorio de tapabocas a los niños y a los adolescentes como requisito para asistir a clases.

Esa idea, que hace pocos meses nos habría indignado a todos, se desarrolla por una vía ilegal y poco clara. Dictámenes del “GACH” (grupo técnico creado por el gobierno para asesorarlo en relación con la pandemia), así como declaraciones del Presidente del CODICEN, Robert Silva, y de la Consejera de Educación Inicial y Primaria, Graciela Fabeyro, han ido imponiendo la noción de un vago “protocolo” por el que las autoridades de la Enseñanza pueden establecer cambiantes y arbitrarias condiciones para el acceso a los niños a la educación, sin contar con la conformidad de los padres ni con respaldo legal para hacerlo.

Hay ya casos de escuelas en las que se rechaza el ingreso de niños que concurran sin tapabocas, o se les permite ingresar pero se los somete a condiciones de aislamiento inaceptables. Es decir, los vagos y poco claros criterios del CODICEN dan lugar a interpretaciones y decisiones inadmisibles por parte del personal que está a cargo de las escuelas y liceos. Eso es inevitable cuando las autoridades son ambiguas para no asumir la responsabilidad por las órdenes que imparten.

En primer lugar, hay que decir lo obvio, lo que se ignora una y mil veces por las autoridades y por la prensa: no existe una emergencia sanitaria real en el Uruguay, y mucho menos una que afecte a los niños. Lo que existe es un número de “casos” (“caso” significa que da positivo al test PCR) que crece conforme se hacen más test. De modo que, si cada día aparecen varias decenas de “casos” nuevos, la mayoría “asintomáticos”, una de dos: o estamos todos ya completamente infectados, con lo que no deberíamos preocuparnos, o dar positivo al test no significa estar enfermo. En cualquier caso, a juzgar por la experiencia, es obvio que los niños no presentan ni causan un riesgo significativo.

Si tienen dudas sobre lo payasesco de la alarma creada, suban a un ómnibus en horas pico, o vayan un fin de semana a cualquier plaza o parque de cualquier ciudad del País. Verán a miles de niños y de adultos, jóvenes y viejos, recreándose sin tapabocas ni distancia. Si hubiese peligro real, estaríamos todos muertos. Si siguen teniendo dudas, vean cómo interactúan los dirigentes políticos, empresariales y sindicales cuando no los ve la prensa. Sin embargo, no hay enfermos reales ni muertos en cantidad distinta a la de otros años. Al contrario, hay menos.

En segundo lugar, el uso de tapabocas u otros elementos que cubran la cara y dificulten la respiración, el habla, o la visión, apareja para los niños daño sanitario y psicológico cierto. Forzar a los niños a respirar una y otra vez sus propias emanaciones, que el organismo expulsa por razones naturales, es un despropósito. Miles de informes científicos indican que el uso de tapabocas disminuye la oxigenación, afectando el desarrollo y el funcionamiento de todos los tejidos del cuerpo, en especial en la niñez, cuando la oxigenación es más necesaria por tratarse de organismos en crecimiento.

Por otro lado, no puede ignorarse la enorme pérdida emocional y psicológica que implica no ver libremente las caras de los maestros y de los otros niños. Se pierden infinidad de actos de comunicación no verbal (sonrisas, muecas, gestos) que hacen al desarrollo emocional e intelectual de los niños. Una niñez temerosa del contacto con otras personas, aislada de ellas por máscaras y distancias anormales, no puede contribuir al sano equilibrio emocional de nadie.

Ahora, uno de los dos aspectos jurídicos que involucra este asunto. Aspecto nada menor, si se pretende seguir sosteniendo que los niños son “sujetos de derecho”.

El derecho a la educación es de rango constitucional. Ningún niño puede ser privado de educación, y el Estado, así como los padres, tienen la obligación de asegurarlo. Sólo circunstancias excepcionalísimas, de fuerza mayor, pueden justificar que se suspenda temporalmente la actividad educativa.

Llevamos más de nueve meses de total irregularidad en el dictado de clases y en la asistencia a las mismas. Ya vimos que no hay una situación de fuerza mayor que impida la regularidad de la enseñanza, pero supongamos que la hubiera. ¿En qué consiste el impedimento alegado?

Supuestamente en la dificultad de asegurar la distancia requerida entre los alumnos, por falta de espacios locativos. ¿Es esta una excusa aceptable? No, claro que no. El País está lleno de edificios públicos, clubes sociales y deportivos, locales sindicales o empresariales y hasta viviendas vacías que, previa negociación con sus propietarios o usuarios, podrían haber sido transitoriamente usados para dictar clases.

¿Por qué no se lo hizo? ¿Por qué no se plantea hacerlo ahora, si es que sigue habiendo falta de capacidad en los centros de estudio? ¿Acaso no es lo que se hace en casos de emergencias, por inundaciones u otras catástrofes naturales?

En lugar de eso, se plantea exigirles a los niños que usen mascarilla, que respiren mal durante muchas horas al día, que sientan miedo y que no vean las caras de sus compañeros. Y esos parecen ser los planes también para el año próximo.

La realidad es que nos encontramos ante un Estado que -por omisión de sus gobernantes- actúa con irresponsabilidad, negándose incluso a considerar las soluciones de sentido común que rompen los ojos de cualquiera.

Digo yo, si hubiese una inundación muy extendida, ¿obligarían a los niños a usar escafandra, o los trasladarían a lugar seco? Bueno, en este caso, si hubiese riesgo real, la alternativa obvia a todo lo que se ha hecho es ampliar los espacios destinados a la enseñanza. No imponerles a los niños una máscara insana, mientras que los legisladores se pasean cómodamente por los enormes corredores desiertos del Palacio Legislativo, los gobiernos departamentales tienen vacantes lujosos salones de actos, los centros comunales se destinan al aburrimiento burocrático, las salas teatrales y cinematográficas juntan telas de araña, e infinidad de edificios, locales y anfiteatros públicos se usan para nada. ¿Nadie ve esto tan evidente?

Claro, si lo que se quiere es crear conmoción y miedo, es mucho mejor hacer que los niños anden con bozal, disfrazados de marcianos. Pero no es necesario, en absoluto, salvo para quienes ganan con la conmoción, el encierro y el miedo globales. Tema sobre el que ya he hablado mucho y no voy a abundar hoy.

Finalmente, el segundo aspecto jurídico. Ni el gobierno ni las autoridades de la enseñanza tienen facultades para imponer obligaciones por decreto, mucho menos por protocolos sanitarios. Sólo las leyes pueden imponer obligaciones y prohibiciones (lean el artículo 10 de la Constitucion). Sin embargo, el País se está gobernando ya no por decretos sino por protocolos sanitarios. Cualquier burócrata en cualquier oficina perdida se siente Napoleón y ordena usar tapabocas, permanecer sentado, no hablar (cito como ejemplo el Banco Hipotecario).

El resultado es que ya nadie sabe qué es legal y qué no lo es, ni cuáles son sus obligaciones y derechos. Una cantidad de ignotos protocolos, que nadie controla previamente, están regulando nuestras vidas y llevándose puestas nuestra libertad y nuestras garantías. Se puede ser “formalizado” por organizar una fiesta, y rechazado en una mutualista o impedido de entrar a la escuela por no llevar tapabocas. Nadie sabe con exactitud qué reglas se están aplicando. Eso, señoras y señores, se llama gobernar de facto. Nos guste o no nos guste la expresión.

Noventa y nueve diputados y treinta senadores se rascan intensamente en el Palacio Legislativo, mientras que las reglas sobre nuestra libertad y nuestra salud las dictan oscuros funcionarios que nadie conoce ni eligió, en el mejor de los casos siguiendo los mandatos de burócratas sanitarios internacionales que no saben ni dónde queda el Uruguay.

Uno, como adulto, puede soportar muchas estupideces y hasta arbitrariedades. Sabe, o cree, que esas cosas son pasajeras y que ya se arreglarán. Pero meterse con los niños es otra cosa. Al concebirlos, asumimos la obligación de tratar por todos los medios de asegurarles una infancia sana y feliz. La vida acarrea muchas desgracias que, a veces, lo hacen imposible. Pero, cuando la imposibilidad proviene de la imposición arbitraria de medidas innecesarias y contraindicadas, toda paciencia se agota.

El tapabocas, o cualquier otro elemento similar, no es obligación legal y no puede ser impuesto por decreto ni por protocolos. Todos tenemos, por ley, el derecho a negarnos incluso a soportar procedimientos sanitarios contra nuestra voluntad. Eso no puede afectar nuestra libertad ambulatoria ni nuestros otros derechos constitucionales, como el de recibir educación. Es bueno recordarlo porque mucha gente, incluidas las autoridades, lo está olvidando.

El delirio sanitario-jurídico en que está incurriendo el País no puede seguir. Es imprescindible que, si se quiere seguir adelante con esta payasesca “nueva normalidad”, el Parlamento legisle y asuma la responsabilidad política por las medidas que se impongan.

Reitero: con el bienestar de los niños no se juega.

 

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